Paraguay preocupado por la instalación de un reactor nuclear en Formosa

El efecto Japón parece haber llegado a Sudamerica, y esta vez no se trata del temor a la contaminación del agua de los océanos o a la posibilidad de importar productos contaminados. Los efectos de la catástrofe de Fukushima 1 se reflejan ahora en el temor que genera en la región el decidido avance del gobierno argentino en materia de política nuclear

El gobierno argentino ha avanzado durante 2010 en su proyecto de instalar en la provincia de Formosa la cuarta planta nuclear en el país –la tercera es Atucha II, que se inauguraría el próximo mes de septiembre-. A través del desarrollo de las centrales nucleares, el gobierno de Cristina Fernández busca diversificar la matriz energética del país. El proyecto ha cosechado críticas no sólo al interior del país, sino también a nivel regional, donde la delegación paraguaya en el Parlamento del MERCOSUR ha manifestado su preocupación por la decisión argentina.

En 2009, la Ley 26.566, cuya sanción recibió fuertes críticas de la oposición, además de habilitar la extensión de la vida útil de la planta de Embalse (Río Tercero), aprobó la instalación de un prototipo de reactor nuclear denominado CAREM-25, el cual se prevé instalar en la provincia de Formosa, para que abastezca de energía eléctrica a Buenos Aires.

Se trata de un reactor de agua liviana, de tecnología de avanzada, que utiliza uranio enriquecido como combustible. De acuerdo a información brindada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la instalación del CAREM-25 significaría “el primer reactor de potencia íntegramente diseñado y construido en el país” y serviría para abastecer de energía eléctrica a 100 mil habitantes.

Además, según un comunicado del mismo organismo, los reactores CAREM poseen otras ventajas, como la posibilidad de brindar suministro eléctrico a polos industriales con altos niveles de consumo ubicados en zonas alejadas y de ser usado para desalinizar agua.

La decisión política del gobierno argentino de avanzar en esta dirección, se encuentra con importantes obstáculos, tanto a nivel interno y externo. Las críticas y objeciones al proyecto se han visto potenciados a partir de la catástrofe nuclear ocurrida en Japón el mes pasado.

A nivel local, la diputada opositora Fernanda Reyes (Coalición Cívica), presentó la semana pasada un proyecto de ley que reclama la revisión de las medidas de seguridad de las centrales Atucha I y Embalse, y la derogación de la ley 26.566. La diputada propuso emular en territorio argentino la línea seguida por Alemania tras la catástrofe nipona, país que suspendió temporalmente el funcionamiento de las instalaciones nucleares a fin de poner en consideración el esquema de seguridad vigente.

A los reclamos de Reyes se sumaron los de sus pares, los diputados  Juan Pedro Tunessi (UCR) y Daniel Germano (PJ Federal), que reclamaron, respectivamente, mayor información en relación a la puesta en marcha de Atucha II y la necesidad de contar con informes actualizados en materia de seguridad nuclear nacional.

En el contexto regional, a principios de mes, la Delegación paraguaya ante el Parlamento del MERCOSUR, presidida por Alfonso González Núñez, se reunió con Jorge Lara Castro, Canciller de Paraguay, para manifestarle su preocupación por el proyecto argentino de instalar el reactor nuclear en Formosa, así como por los reactores ya existentes tanto en Argentina como en Brasil (Angra I y Angra II).

La preocupación paraguaya quedó plasmada en un comunicado firmado por González Núñez, donde si bien se reconocen los beneficios de la energía atómica (se le adjudica ser “la más limpia en principio”), se advierte sobre la posibilidad de letales accidentes, y se sostiene que a fin de evitarlos es  necesario efectuar un debate “reflexivo y desapasionado” en torno a las medidas de seguridad y de protección a implementar.

El texto sostiene que dichas advertencias no son meras especulaciones, sino que se basan en “pruebas concluyentes” y “comprobadas en la realidad”, como lo fueron los accidentes de Fukushima 1 en Japón y Chernobyl en Ucrania. Los argumentos paraguayos se sustentan también, según afirma el comunicado, en los diagnósticos del biólogo Raúl Montenegro, reconocido ambientalista de la provincia de Córdoba, y en sus campañas sobre el peligro que representa la instalación del reactor nuclear en Formosa.

Tras la catástrofe sufrida en Japón, el resto de los países del mundo comienzan a revisar sus políticas nucleares, particularmente en materia de seguridad. Si bien el gobierno argentino mantiene silencio al respecto, el tema ya está instalado en la región. A nivel del MERCOSUR, no hay dudas de que la preocupación  que se encuentra en la base de la posición de los parlamentarios paraguayos es la misma que repite en el resto del mundo por estos días: ¿Cómo evitar que la catástrofe nuclear de Japón se repita?

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