Competitividad y Gobernabilidad en la Globalización

Entrado el segundo semestre, las predicciones del gobierno nacional sobre la recuperación de la actividad económica parecen extenderse en el tiempo y lo que parecía una trayectoria predecible sobre la política económica y de inserción internacional, comienza a desdibujarse bajo las presiones de un contexto político cada vez mas complejo.

Desde un punto de vista crítico, las medidas de ajuste han profundizado una situación ya complicada y la capacidad política de articular intereses multisectoriales no ha provisto mayores resultados en generar la confianza necesaria para la inversión local y extranjera.

Sin embargo, en un sentido más comprensivo, los desequilibrios heredados no se solucionan de la noche a la mañana y las perspectivas de recuperación son todavía alentadoras. Según las estimaciones del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay,  nuestro país podría llegar a crecer alrededor del 3.5% en 2017.

Pero dejando de lado los aspectos coyunturales, esta realidad plantea el tradicional interrogante entre el “deber ser” que le corresponde a una visión de largo plazo y el “poder hacer” que implica abordar las urgencias cotidianas.

Llevar adelante una estrategia ganadora, que permita mantener un rumbo de largo plazo sin descuidar el presente  o solucionar problemas de coyuntura sin hipotecar el futuro, es cuanto menos, un esfuerzo que excede al gobierno y ocupa responsabilidades en todos los actores del escenario nacional.

Quizás este equilibrio entre horizontes temporales, es parte de una problemática más profunda que atraviesa generaciones en nuestro país y tiene que ver con dejar de ser una economía de frontera y terminar de explotar el potencial de nuestras capacidades y territorio.

En definitiva, el segundo semestre ha funcionado como una metáfora para comenzar a desandar (una vez mas) el largo camino del progreso. Pero si no tenemos en claro a donde queremos llegar, difícilmente encontremos una trayectoria asequible.

En este sentido, es importante tener en cuenta que el desarrollo no responde solo a una meta, sino que es un proceso y que tiene como condición fundamental, la sostenibilidad y la mejora continua de al menos dos variables.

La primera podríamos decir que es la gobernabilidad y le corresponde al ámbito de la política. Se trata de garantizar la estabilidad del gobierno y el respeto de las instituciones; que una administración gubernamental pueda concretar sus planes y acciones, legitimadas por una sociedad que reconoce su autoridad.  En este entorno las presiones de corto plazo son dominantes.

La segunda variable es la competitividad, que se manifiesta principalmente en la actividad empresarial, y se define por la  capacidad obtener rentabilidad en el mercado frente a otros competidores. Podríamos decir que le corresponde al ámbito de la actividad económica y un rumbo sólido de largo plazo es una condición ineludible.

La clave está en comprender que no puede haber gobernabilidad sin competitividad y viceversa.  Son variables interdependientes, el gobierno necesita de las empresas que generen trabajo y las empresas necesitan de políticas que ofrezcan incentivos y un marco de acción previsible para poder ser eficientes.

Sin embargo, la sola existencia de esta interacción entre política y economía, no es suficiente para garantizar una  estrategia ganadora. La cuestión aquí radica en el tipo de decisiones que surgen de esa interacción  y que se manifiesta en la pertinencia de la estrategia, y en el momento en que son llevadas a cabo.

Este timming no es un detalle menor y está determinado por el entorno y por numerosas variables y voluntades que exceden la propios actores locales, por lo que es importante sumar a este análisis lo que sería la tercera pata del esquema hacia el desarrollo: El contexto globalizado en el que se toman esas decisiones.

En un mundo cada vez mas conectado, donde las geografías de producción, comercio e inversión están siendo constantemente modificadas, los modelos de desarrollo y posicionamiento global no pueden ser estáticos, y obligan a políticos y empresarios a considerar los efectos de un sistema que traspasa las barreras nacionales y condicionan las actividades cotidianas de la población.

En este sentido, los principales cambios en la economía mundial han sido de carácter cualitativo como es el caso del surgimiento de cadenas globales de valor que representa un sistema productivo funcionalmente integrado y geográficamente disperso, en el que participan tanto grandes corporaciones como pequeñas medianas empresas abarcando el 70% de los flujos a nivel mundial.

En este esquema, nuestro país (al igual que el resto de la región) participa apenas marginalmente, como consecuencia de políticas y decisiones pendulares y poco consistentes. La apertura indiscriminada por un lado y la sustitución de importaciones sin planeamiento, por el otro, dejaron una estructura productiva poco integrada donde la mayor parte de la fuerza laboral esta empleada en sectores que no son competitivos internacionalmente y con escasas posibilidades de sobrevivir sin una protección estatal.

En un mundo que tiende a la interdependencia y a derribar fronteras, esto representa una amenaza a la estabilidad laboral y por lo tanto a la estabilidad del sistema político. Las presiones proteccionistas de corto plazo, guiadas principalmente por intereses políticos, son solo un parche y una solución parcial a un problema estructural que requiere de una visión con un horizonte temporal que supera los tiempos electorales.

La recuperación económica de nuestro país depende entonces un proceso de constante negociación donde la política y la economía interactúan en un contexto global de rápidas transformaciones. Las nuevas tendencias vinculadas a los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevos nichos de mercado relacionados a los servicios especializados y actividades de diseño e innovación abren una ventana de oportunidad para integrarse al orden global en una posición ganadora, adaptarse a esos nuevo paradigmas es una consigna que todos los actores de la sociedad deben interpretar para movilizarse y definir prioridades.

El autor es Profesor de Economía Política Internacional y Presidente de la Fundación CEIC