La actual crisis humanitaria en Venezuela

Diego Puente Rosa

Que se está produciendo una de las peores crisis político-económicas en un país sudamericano de los últimos veinte años no es una novedad, que esta crisis se transformó en una crisis humanitaria en la que toda Sudamérica deberá enfrentar para encontrar una calma solución, tampoco.

Ahora, como producto, tenemos ante nuestros ojos la gran crisis migratoria de desplazamiento forzado con mayor impacto en Sudamérica que, desde el año dos mil catorce, viene creciendo año a año en los distintos países latinoamericanos más los Estados Unidos, que son los destinos más requeridos por los ciudadanos venezolanos que emigran en la búsqueda de protección internacional en forma de solicitudes de refugio, asilo y residencia de aquellos miles de venezolanos que han salido de su país. Panamá, Colombia, Brasil y Argentina, encabezan ese listado. Y nuestro país, de histórica tradición receptora de inmigración, no permanece absorto a esta situación, abriendo sus fronteras al ingreso de gran cantidad de venezolanos que cada día llegan a las ciudades más importantes a buscar cobijo luego de huir del desabastecimiento y escasez de alimentos y medicamentos, de una exponencial inflación que este año ha superado el 1000%, con las mínimas reservas que alcanzaron el piso de los diez mil millones de dólares y sobre todo de la grave crisis institucional con incontables heridos y más de ciento veinte muertos en medio de protestas junto a muchos presos políticos, la vulneración de los derechos políticos y garantías jurídicas constitucionales.

Mientras la crisis política, institucional y económica azota la realidad venezolana con el atropello del gobierno venezolano sobre los poderes del Estado, el resto del mundo, pero principalmente Sudamérica se plantea las distintas alternativas para atender esta situación.

Esta crisis institucional refleja un impacto que ha atravesado la región en el seno mismo del Mercosur, que el día cinco de agosto pasado en San Pablo, y con la firma de cancilleres de los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), tomaron la decisión que se venía madurando desde hace algunos meses, es decir la suspensión unánime a Venezuela por “ruptura del orden democrático” atendiendo a lo previsto por el Protocolo de Ushuaia del 98 en su cláusula democrática, la cual expresa que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración de los Estados Partes del Protocolo, ello luego de los infructuosos intentos para que Nicolás Maduro restablezca el orden democrático en el país caribeño.

La suspensión es indefinida en el tiempo y tendrá su fin cuando, “a juicio de los demás integrantes del Mercosur, haya sido restablecido el pleno orden democrático”, y menciona entre otros requisitos la liberación de los presos políticos, la restauración de competencias del Poder Legislativo (la Asamblea Nacional hoy no es reconocida por tener mayoría opositora), la reanudación del calendario electoral y la anulación de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la misma que destituyó a la Procuradora General, Luisa Ortega (reemplazada por el Defensor del Pueblo Tarek William Saab) y que inició una persecución contra jueces y fiscales que también emigran hacia otros países, que ha ocupado el Palacio Legislativo y fijara las reglas institucionales de Venezuela y que seguramente intentará reformar la Carta Magna de ese país.

La desesperante situación también ha llegado a la Santa Sede, donde el Papa Francisco ha manifestado su preocupación por la radicalización y agravamiento de la crisis e hizo un llamamiento al gobierno de Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Estadísticamente, en 2015 Argentina concedió 13.049 radicaciones a ciudadanos venezolanos y en 2016 a 24.347. Hasta junio del año 2017 se otorgaron 15.422 radicaciones a ciudadanos venezolanos con una proyección en aumento hacia fin de año.

En la provincia de Córdoba los números arrojan 114 radicaciones en el año 2014, 172 en el año 2015, 351 en el año 2016 y 329 en lo que va del año 2017 (hasta junio). Sostenidamente se ha ido duplicando año tras año desde el 2015.

En su mayoría se trata de jóvenes entre 20 y 40 años, muchos universitarios y profesionales, pero que llegan con la esperanza de forjar una vida normal y tranquila, y que mientras se adaptan, acceden a trabajos disímiles de sus profesiones u ocupaciones habituales.

En definitiva, y de cara a un futuro cercano, la región se encuentra con el desafío de proponer en su agenda las respuestas políticas a esta situación que afecta a millones de personas y de atender una crisis que desde los organismos internacionales como el ACNUR y la OIM han coincidido en definir como “humanitaria” .

Visto está que, respetando su visión histórica de asistencia humanitaria, Argentina abre sus brazos con Venezuela, como lo ha hecho por ejemplo con los Programas Especiales de Radicación por Razones Humanitarias con las víctimas de la catástrofe natural en Haití y con las víctimas del conflicto bélico en Siria.

 

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El autor es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba con una diplomatura en Migraciones y Protección de Refugiados por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como titular de la Delegación de Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones.