Paraísos fiscales en un mundo desigual

Gonzalo Fiore Viani

Con la reciente difusión de los Paradise Papers en todos los medios de comunicación en una situación –y con algunos de los mismos involucrados- similar al destape de los Panama Papers hace un año, volvemos a hablar de los paraísos fiscales, pero hagámonos algunas preguntas: ¿Qué es realmente un paraíso fiscal?, ¿constituye delito tener dinero en una cuenta bancaria de un paraíso fiscal o ser miembro de una sociedad offshore?, ¿nos encontramos ante una situación que bordea los límites de la ética o de la moral en el caso de los funcionarios involucrados?, ¿qué sucede con el rol de los empresarios privados y su articulación con el mundo de lo público?.

El término “paraíso fiscal” se utiliza desde los años 50 del siglo pasado, aunque sus bases se remontan a mediados el siglo XIX en Estados norteamericanos como New Jersey y Delaware. Posteriormente, a comienzos del Siglo XX este modelo fue importado por los europeos y se establecieron paraísos fiscales en varios cantones suizos, país que tras la depresión del 29 impulsó leyes más fuertes fortaleciendo el “secreto bancario”, convirtiendo de esta manera al país europeo en un lugar predilecto para todos aquellos que querían tener ahorros en un banco extranjero y mantenerlo en el mayor de los secretos posibles.

Paradise Papers es el nombre de una investigación periodística llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y casi cien medios internacionales, entre los cuales se encuentran el argentino La Nación, el norteamericano New York Times, los británicos The Guardian y BBC, el francés Le Monde, y El Confidencial de España. Se trata de una investigación de más de un año de duración sobre casi 13,4 millones de documentos de dos de los más grandes estudios jurídicos especializados en cuestiones que tienen que ver con lo “offshore” o lo que comúnmente se conoce como “paraísos fiscales”: Asiaciti Trust de Singapur y Appleby de las islas Bermudas, sumados a registros de sociedades en lugares como: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, las islas Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago; Labuán; las Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu; Malta y Líbano.

Si bien está claro que tener dinero en una cuenta bancaria de un paraíso fiscal o ser miembro de una sociedad offshore no es ilegal per se, con la salvedad de que si el que resultare beneficiario final de dicha operación no declarare cualquier activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir a distintos tipos penales, entre ellos los delitos de lavado de dinero o evasión, esto puede adquirir tintes aún más graves desde el punto de vista ético si los involucrados en determinado tipo de delitos estuviesen ligados de alguna manera a las administraciones publicas de sus países respectivos.

En un mundo donde el 0,7% de la población global, es decir, 34 millones de personas –menos que una Argentina completa- detentan el 45% de las riquezas mundiales, donde según datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 702 millones de personas –lo cual equivale al 9,6% de la población mundial- viven en condiciones de extrema pobreza, con dificultades graves para acceder al agua o la comida, donde miles de millones de personas trabajan en condiciones infrahumanas sin acceso a ningún tipo de derecho laboral, donde es probable que un porcentaje más que importante de los habitantes del planeta vean en los próximos diez años totalmente inutilizada su fuente de trabajo debido al avance de la tecnología, es inaceptable desde el punto de vista ético –más allá de las salvedades legales del caso, siendo en cada país diferentes- que una multinacional que factura millones de dólares diarios logre pagar menos impuestos que un pequeño productor rural o un empresario PYME.

Es necesario, según la opinión de quien escribe, avanzar hacia un nuevo tipo de pacto social donde esta clase de conductas sean rechazadas no sólo por la amplia mayoría de la población sino también por las clases políticas gobernantes, ya que este tipo de economías sin cara visible son perjudiciales principalmente para los países emergentes, pero también para todos los perdedores de la globalización, ya sea en América Latina, los Estados Unidos, Asia, o en Europa mismo.

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Gonzalo Fiore Viani es abogado, maestrando en relaciones internacionales en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC y consultor en comercio internacional. Actualmente se desempeña como coordinador de Grupos Asociativos de empresas y escribe para distintos medios académicos.